Por Luis Ernesto Ruiz Martínez. Una nota publicada hoy por Granma informa sobre los resultados de un juicio efectuado recientemente en Holguín contra varios exdirectivos y exfuncionarios del Ministerio de la Industria Básica que cayeron en manos de esa lacra social que identificamos como CORRUPCIÓN y que tanto daño nos está haciendo en la isla.

Expresa la nota que la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Holguín, después de valorar el amplio material probatorio dictó sentencia, sancionando a varios exdirectivos y exfuncionarios del Ministerio de la Industria Básica y de la Empresa CUBANIQUEL por cometer delitos asociados a la corrupción durante el proceso de negociación, contratación y ejecución del Proyecto de expansión de la planta Pedro Soto Alba, ubicada en Moa, para la extracción, refinación y comercialización de níquel y cobalto.

En atención a la gravedad de estos hechos y sus nocivas consecuencias en una de las actividades estratégicas para la economía del país, a la conducta de los acusados, caracterizada por la pérdida de valores éticos y la simulación, y al grado de participación de cada uno de ellos, el tribunal sancionó como autores del delito de Actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación a ALFREDO RAFAEL ZAYAS LÓPEZ, exviceministro del Ministerio de la Industria Básica (2004-2007) y director ejecutivo de la Empresa de Metales, a 12 años de privación de libertad; a RICARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, exviceministro del Ministerio de la Industria Básica (2001-2004) (2007-2010), director de la Junta de Directores de la Empresa de Metales y presidente del Comité de Dirección del Proyecto, a 10 años de privación de libertad; a ANTONIO ORIZÓN DE LOS REYES BERMÚDEZ, exviceministro del Ministerio de la Industria Básica (1980-1999), miembro del Comité de Dirección del Proyecto, a 8 años de privación de libertad; y a CRISTÓBAL DE LA CARIDAD SAAVEDRA MONTERO, director de Negocios de CUBANIQUEL y consultor, asesor y experto del Proyecto, a 6 años de privación de libertad.

Igualmente resultaron sancionados como autores de los delitos de Uso indebido de recursos financieros y materiales y de Incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas GILBERTO ALFONSO PARRA ROJAS, a 8 años de privación de libertad; ERNESTO COLUMBIÉ SILVERIO, a 7 años de privación de libertad; CARLOS GUSTAVO RODÓN FERREIRO, a 7 años de privación de libertad; BISCMARCK ORTIZ JIMÉNEZ, a 6 años de privación de libertad, quienes en ocasión de los hechos cometidos se desempeñaban como directores del Proyecto; así como a ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ, subdirector de Finanzas del Proyecto, a quien se le impusieron 7 años de privación de libertad.

El Tribunal, de igual forma, consideró autores del delito de Uso indebido de recursos financieros y materiales a ALFREDO BARALLOBRE RODRÍGUEZ, subdirector de Contabilidad y Finanzas de la Empresa Moa Nickel S.A. a quien le impuso la sanción de 6 años de privación de libertad; a ORLANDO CARMENATY OLMO, subdirector de Producción de la Empresa Moa Nickel S.A., sancionado a 5 años de privación de libertad y a XIOMARA JIMÉNEZ MORRIS, especialista de Seguridad y Salud del Trabajo, quien resultó sancionada a 4 años de privación de libertad subsidiada por igual periodo de Trabajo Correccional sin Internamiento.

Lo cierto es que hechos de esta naturaleza, lamentablemente nada despreciables en cantidad, son evidencia de la necesidad de incrementar el control en las entidades de todo tipo. Los bienes que con tanto sacrificio el Estado pone en manos de todos no tienen que ser interpretados como propios. Los que de esta forma actúan merecen el rechazo del pueblo. Nadie debe enterrar la cabeza cual avestruz, pues la corrupción puede destruir por sí sola el esfuerzo de más de 53 años de Revolución.

Al final, como hemos interpretado los revolucionarios, en cada corrupto se esconde un CONTRARREVOLUCIONARIO.